En mayo de 1923, Víctor Raúl Haya de la Torre pronunció un memorable discurso con la frase «el quinto no matar» frente a los cuerpos inertes de Salomón Ponce (obrero) y Manuel Alarcón Vidalón (estudiante) ambos muertos durante las protestas contra la consagración del Perú al Corazón de Jesús.
Todas estas jornadas fueron durante el régimen de Augusto B. Leguía y que dieron origen al surgimiento de partidos políticos como el APRA. Desde mayo del 2023 hasta nuestros días, sin duda cabe, hubo miles de muertos a causa de violencia política, entre ellas la amenaza terrorista de Sendero Luminoso.
Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la crisis política y social que sucedió en Perú. El documento comprende sucesos ocurridos entre el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo intento dar un golpe de Estado, y el 23 de enero donde asumió el gobierno Dina Boluarte.
Según el informe, 56 peruanos perdieron la vida, ocho adolescentes y un policía. Lo particular del informe es que se deja el argumento que, por lo hechos sucedidos, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, que deberían ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos.
¿Qué lección nos deja el foco internacional del informe? El Perú, no es una isla en el mundo. Los países no viven aislados del contexto internacional. Por mas que el informe no guste a algunos sectores políticos, lo cierto es que ninguna muerte política debería ser normalizada.
En estos momentos, la aparente tranquilidad política que viven los peruanos seguramente se verá las consecuencias en los próximos meses y años. Y por lo visto, la presidenta Dina Boluate no será la excepción en la lista de expresidentes que desfilan por los pasillos del Poder Judicial. Dudo mucho que saldrá librada, ya que no tendrá bancada política que la defienda en los próximos parlamentos y peor aún, que siete de cada diez peruanos la rechazan.
Domingo, 07 de mayo del 2023
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