Según reportes de la Defensoría del Pueblo, trece gobernadores regionales recientemente electos tienen procesos por presuntos delitos de corrupción. Es decir, más de la mitad de los flamantes gobernantes, que ya fueron elegidos, tendrán que desfilar por pasillos de audiencias judiciales. Y eso que falta todavía definir la segunda vuelta para saber cuántos en total tienen o tendrán problemas con la justicia.
¿A caso la política peruana se acostumbró a convivir con la corrupción? ¿Es posible que los electores normalizan la corrupción? La percepción de la población es que ocho de cada diez peruanos consideran que los políticos son corruptos, y lo particular es que a pesar de esa mochila pesada igual los eligen mediante elección popular como lo que sucedió con el último proceso electoral.
Por consiguiente, no sorprenderá que luego de juramentar al cargo como nuevos gobernantes y debido a su ineficacia de gestión comenzará el proceso en desaprobación y, de hecho, en el corto tiempo, la confirmación de la sospecha de que la motivación de los políticos para llegar al poder fue para administrar circunstancias pasajeras y si se puede o quiere intentar dar soluciones a los problemas de la población.
¿La política como botín? Si la vieja forma de hacer política era la consigna que copar el Estado con el carnet partidario, en tiempos de redes sociales tales errores o delitos son observados en cualquier momento. Entre otras cosas, debido al poder comunicacional cada vez más horizontal de las redes sociales los gobernantes tienen poco margen para ocultar sus maniobras de corrupción. ¿A caso no es lo que le sucede a Pedro Castillo?
Sin embargo, muy a pesar de los indicios de corrupción que enfrenta el gobierno del presidente Pedro Castillo, a la población parece no importarle mucho, por lo menos, es lo que refleja la última encuesta de Ipsos Perú donde la aprobación presidencial subió de 23 a 26% entre setiembre y octubre.
Domingo, 30 de octubre del 2022
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